La última década nos ha demostrado que la humanidad debe enfrentar un reto sin precedentes, de cara a la [1]triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental, tres desafíos fuertemente agravados, producto de las desigualdades sistémicas crecientes. La crisis climática no es solo ambiental, sino también una problemática profunda de justicia climática y racial que implica reconocer que los daños ambientales no se reparan de manera homogénea. Su impacto recae de manera desproporcionada sobre los pueblos y territorios históricos, como los afrosdescendientes. Esta desigualdad no es accidental, es el resultado de relaciones de poder construidas durante siglos coloniales que siguen operando en la contemporaneidad en forma de racismo ambiental.
Gran parte de las comunidades costeras afroecuatorianas dependen directamente del manglar para su subsistencia, su economía azul y su continuidad cultural. Una realidad paradójica y profundamente injusta se evidencia en que las poblaciones afrodescendientes han contribuido mínimamente al calentamiento global. Sin embargo, son uno de los grupos vulnerables que enfrentan las peores consecuencias climáticas y medioambientales.
La crisis medioambiental también es una crisis de justicia climática y racial. Proteger los ecosistemas de carbón azul implica redistribuir poder, recursos y derechos a los territorios marginados. Lo que se traduce en garantías para la participación vinculante de las comunidades costeras afroecuatorianas en la gobernanza de sus territorios. Así como en el involucramiento en la gobernanza marina, el reconocimiento de sus saberes locales y la reparación de una deuda histórica largamente postergada que ha dejado a estas comunidades expuestas a riesgos que no provocaron.
Tanto la justicia ambiental como la justicia climática están estrechamente vinculadas al desarrollo sostenible de los pueblos. Cuyo objetivo es garantizar el [1]derecho al progreso económico, social, cultural y politico, asi como al disfrute integral de todos los demás derechos humanos mediante la libre determinación y la igualdad de soberanía.
Por generaciones, los pueblos afroecuatorianos han buscado diversas alternativas de desarrollo sostenible para dignificar sus medios de vida y preservar el futuro de las nuevas generaciones. Sin embargo, en Ecuador la influencia dominante heredada del colonialismo y su estructura de poder instaurada han dificultado una inclusión social y económica real para los pueblos y nacionalidades. Obligando a las comunidades racializadas a vivir en condiciones marginadas, con los índices más altos de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Los censos de población y de vivienda de 2010 y 2022 muestran que en [1]Esmeraldas la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) fue del 63% y del 77,4%, respectivamente. No obstante, en las cabeceras cantonales las cifras se incrementan hasta en un 98,3%. En Ecuador, los afrodescendientes tienen una de las tasas más bajas de acceso a la educación superior frente a otras etnias, como las de mestizos y blancos, producto de las desigualdades históricas que persisten en la contemporaneidad y que dificultan el progreso hacia el desarrollo sostenible.
¿Qué podemos hacer para impulsar los sistemas locales de desarrollo sostenible? Principalmente, el estado debe comprometerse con el pueblo afroecuatoriano en la elaboración de medidas apropiadas para revertir las consecuencias derivadas del colonialismo. Impulsando programas de educación superior, educación ambiental e inversiones en [1]I+D. El estado ecuatoriano debe establecer políticas que orienten a los grupos racializados hacia el estudio de carreras [2]STEM. Es decir, educación para el desarrollo, con una visión de autonomía, que facilite a los profesionales las herramientas necesarias para impulsar proyectos y programas de I+D en sus territorios. A través de estas medidas no solo se logra justicia racial y política, sino también socioeconómica y ambiental.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 subrayan la necesidad de proteger los ecosistemas costeros, incluidos los manglares, como componentes esenciales para la sostenibilidad de la vida. Pero ¿Qué son los manglares? Son áreas bióticas formadas por árboles, arbustos y plantas tolerantes a la salinidad y las condiciones del suelo. ¿Por qué es imperativo proteger este ecosistema? Porque es el pulmón azul del mundo; su función es de vital importancia para mitigar los efectos del cambio climático. Los manglares capturan CO2 de la atmósfera de manera más eficiente que cualquier otro ecosistema del mundo. [1] Ocupan 15,2 millones de hectáreas y se encuentran en 123 naciones y territorios del planeta Tierra. Entre los años 1980 y 2005 se perdió más del 19% de los mangles nativos, a pesar de su importancia ecológica. Dichos efectos han puesto en peligro la vida de las distintas agrupaciones poblacionales que coexisten en una misma área-tiempo del bioma.
En Ecuador, los bosques de mangle abarcan aproximadamente 157.094,28 hectáreas, y la mayor población de manglares se localiza en dos extensiones: a) manglares del Pacífico ecuatorial y b) manglares del Chocó. En la provincia de Esmeraldas coexisten los mangles más altos del mundo y algunos de los mejores conservados de Sudamérica.
Al norte de la misma provincia, en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, estos humedales estuarios son ecosistemas mareales donde el agua dulce de los ríos se une al mar, formando una transición de agua dulce a salobre, y albergan comunidades únicas de árboles, plantas, animales y otros organismos. Los manglares no solo son un sistema natural, sino también un núcleo vital en la vida económica y cultural de las comunidades que habitan al interior de la reserva, así como de miles de personas que dependen de ellos. La pesca artesanal, la recolección de moluscos y crustáceos sostienen en gran parte la economía local y los modos de vida tradicionales de estas comunidades.
Puesto que los efectos del calentamiento global están poniendo en riesgo los ecosistemas marinos. Las comunidades afroecuatorianas protegen la soberanía de sus teritorios, desde la defensa de los manglares hasta la gestión comunitaria de los recursos marinos, una de sus principales fuentes de subsistencia. Para las comunidades costeras afrodescendientes de Ecuador, los manglares no son solo un recurso, sino también un ser vivo y un territorio ancestral con historia y memoria. Su degradación también implica la pérdida de medios de vida, saberes y tradiciones. Reconocer y proteger estos medios naturales no solo es justicia climática y ambiental, sino también epistémica, racial y cultural.
La preocupación por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es un tema central de la geopolítica global, que ha impulsado la transición energética mediante una serie de acuerdos multilaterales y objetivos específicos. Para las poblaciones vulnerables situadas al interior de este frágil biomas, la adopción de tecnologías verdes ayuda a recuperarse con mayor facilidad de crisis naturales y desastres medioambientales. Ignorar esta dimensión empobrece la comprensión ambiental e impide la implementación de soluciones reales. Sin justicia climática y ambiental para los pueblos históricos, la conservación puede convertirse en una nueva forma de colonialismo ambiental.
[1] Véase https://docs.un.org/es/A/79/270 políticopolítico
[2] Véase https://www.ohchr.org/sites/default/files/rtd.pd
[3] https://www.ecuadorencifras.gob.eocupan
[4] I+D Investigación y Desarrollo
[5] STEM Science, Technologies, Engineering and Mathematics
[6] Bancomundial.org/es/newbiomabiomas